Deforestación: un crimen con muchos culpables

Para Elsa Matilde Escobar, directora de la Fundación Natura, la pérdida de recursos forestales no se produce únicamente por la minería ilegal, la ganadería extensiva o la agroindustria insostenible. También influyen el postconflicto, la inequidad, la corrupción y la ausencia de un ‘reordenamiento’ territorial.  

BOGOTÁ, JULIO 07 DEL 2017. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) acaba de presentar la nueva y alarmante cifra de deforestación para Colombia. Dice el Instituto que en el 2016 se talaron 178.597 hectáreas, es decir, un 44% más con respecto al 2015 (124.035 hectáreas). Se explica que, cada hora, el país pierde 20 hectáreas de bosques, principalmente en Chocó, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Meta y Norte de Santander, lo que representa la tasa de pérdida de recursos forestales más alta de los últimos 25 años.

Una noticia que solamente ha tenido eco en el sector ambiental, porque para el resto de personas estos son números que no dicen mucho. Pero las consecuencias de este diagnóstico sobre la economía y la calidad de vida de toda la población colombiana son incalculables.

El gran impacto de la deforestación se produce a nivel local. Con la pérdida de bosque, las comunidades rurales pierden los valiosos servicios que ellos les prestan, los cuales raramente se tienen en cuenta cuando se toman decisiones, tales como asegurar el flujo regular de agua y el clima, la protección contra las inundaciones y los deslizamientos. Los bosques, además, actúan como esponjas que absorben la precipitación durante eventos climáticos extremos, retienen los suelos y liberan agua a intervalos regulares de tiempo.

Además, el impacto sobre las mujeres es enorme, porque ellas tienen que desplazarse cada vez más lejos para conseguir la leña para cocinar, el agua para su familia y los alimentos derivados de los recursos forestales. Para muchas comunidades que viven al interior de los bosques, la deforestación representa la pérdida de sus espacios sagrados, de su cultura y su vida.

El 31 de marzo pasado vimos la tragedia que destruyó parte de Mocoa (Putumayo). En abril, otro deslizamiento produjo la muerte de 17 personas en Manizales. Si estos eventos no quisieran verse desde el punto de vista ambiental, sí permiten preguntarse: ¿cuánto le ha costado al presupuesto nacional atender la emergencia y la reconstrucción estas zonas devastadas? ¿No hubiera sido más fácil y menos costoso mantener los bosques de ambas regiones, que seguramente hubieran mitigado el riesgo? Pero la negligencia y los intereses de unos pocos hacen que esto pase por alto. En Manizales, después de la tragedia, la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) autorizó la construcción de 2.000 viviendas en la zona de influencia de la Reserva Ecológica Río Blanco, uno de los pocos bosques que quedan salvaguardando la ciudad. Cuando las ciudades están buscando cómo abrir espacios significativos para hacer bosques urbanos por su importante impacto para la calidad de vida de los ciudadanos, en Colombia nos damos el lujo de servir a unos pocos destruyendo los pocos que quedan.

No sólo es culpa del postconflicto

En el momento en que fue revelada la tasa de deforestación, muchos comentaristas le echaron la culpa al posconflicto, pero hay que ver cuáles son las causas por las cuales un proceso de paz lleva a la tala de amplias zonas de bosques, principalmente alrededor de parques nacionales y áreas de reserva.

Desde mucho tiempo atrás, cuando se iniciaron los diálogos, comenzamos a preguntar cuáles eran las estrategias desde la oficina de Parque Nacionales y desde las autoridades ambientales para que la deforestación no se presentará como ocurrió en otros países con la firma de la paz. Pero no obtuvimos muchas respuestas. La paz nos tomó distraídos, sin estrategias claras, sin trabajar con la gente, sin implementar alternativas productivas sostenibles, sin organizar el turismo. Era previsible que hacia las áreas que antes estaban restringidas por ser espacios de la guerrilla, se movilizaran los que han sido desplazados por la inequidad de las ciudades. Se sabía que allí iban a llegar aquellos que no tienen tierra y buscan alternativas de vida o quienes simplemente han querido explorar territorios hermosos que antes estaban vedados por el conflicto.

Lo que hay que decir claramente es que no solo el posconflicto es el causante de la deforestación, afirmarlo es desconocer a muchos otros ‘culpables’ de este crimen. A las ya reconocidas causas como la minería ilegal, la ganadería extensiva o la agroindustria insostenible, se suman que estamos en mora de hacer un ‘reordenamiento’ territorial, que no se ha logrado porque los intereses de unos pocos lo han impedido.

Adicionalmente, aparecen la falta de claridad de la tenencia de la tierra que se ha dificultado porque los terratenientes quieres seguir acumulando propiedades. También, la ausencia de políticas e inversiones claras en el desarrollo rural sostenible, porque los subsidios y apoyos se van para los que no los necesitan, pero que son los que mandan en el territorio. Así mismo, la falta de condiciones sostenibles en la producción y de un impulso a los mercados nacionales empujan a las personas a buscar nuevas perspectivas.

La deforestación, cuyas cifras nos asombran hoy, solo la podremos parar si hay unas políticas y apoyos claros para terminar la inequidad y la corrupción. Cuando el gobierno piense más en el bienestar de toda la población y no solamente en la de sus amigos, cuando la clase política realmente responda al pueblo y no a sus intereses personales, cuando se haga una convocatoria amplia e inclusiva para que unidos mantengamos nuestros bosques, cuando haya coherencia en las políticas públicas, cuando las leyes obedezcan al sentir común y no al de unos pocos, cuando haya más equilibrio en la distribución de la riqueza y haya respeto por la diferencia, cuando realmente nos comprometamos en la construcción de un país diferente, en ese momento comenzaremos a establecer las bases para detener esta grave amenaza.