Los retos del país frente a un clima sublevado 

Identificar con certeza cuáles problemas atacar, cómo hacerlo y en qué regiones son algunos de los desafíos que Colombia debe superar si quiere mitigar y adaptarse con eficacia al cambio climático. La prioridad: la adaptación del sector rural, que vive y sufre un clima cada vez más impredecible.

BOGOTÁ, DICIEMBRE 9 DE 2016. Hace una semana, en un panel llamado la ‘Finanzas del Clima 2016’, el Departamento de Planeación Nacional (DNP) explicó que si Colombia quiere cumplir sus metas de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y prepararse para el cambio climático, debe invertir 56 billones de pesos en los próximos 14 años.

Explicó el DNP que con esta cifra se podría cumplir la meta de disminuir el 20 por ciento de las emisiones contaminantes proyectadas al 2030, objetivo que se propuso el país frente al Acuerdo de París firmado el año pasado (Colombia es uno de los pocos países que no lo ha ratificado), con la intención de hacer equipo con el resto del mundo e intentar que la temperatura promedio del planeta no suba más allá de los 2 grados celsius.

Pero en medio de este objetivo, y más allá de los números y los presupuestos, el reto para el futuro será, además de saber cuánto dinero podrá invertirse para enfrentar un clima cada vez más cambiante, identificar con certeza cuáles problemas atacar, cómo hacerlo y en qué regiones.

Existe un mapa que muestra el camino y es el Inventario Nacional de GEI, que hace parte de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, publicado recientemente por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y en cuya elaboración participaron profesionales de Fundación Natura.

Según esta publicación, las emisiones de GEI aumentaron en un 15 por ciento en los últimos 20 años, principalmente por la incidencia que tiene la deforestación. Por eso, será imprescindible atacar el principal motor de ese aumento: el cambio en el uso del suelo, que se traduce en tala de bosques para ampliar la frontera agrícola, impulsar la ganadería no sostenible o los  cultivos ilícitos. Así mismo, una tala intensa que da paso a la minería ilegal, actividad que está acabando con grandes porciones de bosques en Chocó y zonas de enorme valor en Cauca, Valle y Vaupés, entre otros departamentos.

Pero no sólo será clave atender estos problemas. Hay un reto mayor que se concentrará en evitar que esos mismos males se instalen en zonas que han estado inmunes a su impacto, irónicamente resguardadas por la presencia de grupos armados ilegales, pero que ahora quedarán expuestas a la colonización y a la llegada de la inversión luego de la firma del acuerdo de paz con las Farc, el cual dará paso a un largo posconflicto.

Ha quedado claro que hay muchas soluciones propuestas, una de ellas la reforestación intensiva. Pero esta tampoco es el fin de los problemas si no se hace con planificación. Porque Antioquia ha sido uno de los departamentos que más acciones de siembra de árboles ha implementado, pero según el Inventario de GEI, es la región que más emite, al lado de Meta, Caquetá, Valle y Santander.

Contrariamente, la Orinoquia o la Amazonia, con la mayor reserva forestal nacional, son las regiones donde se generan menos emisiones, pero donde estas crecen con mayor rapidez, precisamente por la destrucción cada vez más aguda de enormes porciones de selvas. Frente a esta doble situación, será clave definir dónde desarrollar procesos de restauración ecológica efectivos o programas sociales que apoyen económicamente a las comunidades, para que sus integrantes no tengan que buscar recursos a costa de la degradación ambiental (tráfico ilegal de fauna o comercio ilegal de madera).

Será determinante, además, tomar decisiones definitivas para gestionar y asesorar al sector público y los empresarios con verdaderas políticas de conservación de bosques, planeación territorial y estrategias de mitigación al cambio climático, no sólo en la Amazonia, también en la región Andina, donde se concentra la mayoría de la población y la producción. Porque los sectores que más contaminan están identificados—forestal  36%, agropecuario 26%, transporte 11%, industria manufacturera 11% y  minas y energía 10% —, pero esa radiografía no debe ser vista como una oportunidad para sancionar, sino para motivar correctivos definitivos hacia una reconversión tecnológica que reduzca su impacto.

Todo esto con dos condiciones adicionales: apoyar la inversión en energías renovables y fortalecer la institucionalidad, para que en cada municipio haya funcionarios sintonizados con la necesidad de enfrentar el cambio climático, que entiendan la legislación, puedan aplicarla en su entorno y especialmente entre el campesinado.

Porque es evidente que los cambios climáticos, con sus lluvias desatadas y sequías intensas, se perciben diferente: en las ciudades no se les da la trascendencia que tienen y una gran parte de la población no entiende sus implicaciones, a lo mejor porque tienen garantizados los servicios de agua y energía y ven los desastres lejanos, desde la distancia y por televisión. En cambio, es en la ruralidad donde la gente vive y sufre sus verdaderas consecuencias y donde se reclama una verdadera, rápida y efectiva política de adaptación.