Territorios sostenibles

Desarrollar actividades para el fortalecimiento de la gestión ambiental de las entidades territoriales, autoridades ambientales, entre otros; mediante la capacitación a: alcaldes, gobernadores y sus equipos, en el uso de la Guía de obligaciones ambientales para alcaldías y gobernaciones, a través de estrategias virtuales y tecnológicas, que permitan el fortalecimiento de capacidades en tiempos de COVID 19.

La Procuraduría General de la Nación como organismo de control con la función de proteger y defender los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, debe asegurar la vigencia del Estado social de derecho y vigilar la conducta de los funcionarios públicos. En desarrollo de su misión constitucional esta entidad ha desplegado una serie de políticas y estrategias relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales.

A través de las diferentes acciones, desarrolladas por la Procuraduría Ciudadana, y gracias al fortalecimiento de su presencia en los territorios, se ha logrado identificar cada una de las problemáticas de tipo ambiental que afectan indistintamente el territorio colombiano, cuyas particularidades han sido abordadas por esta institución. Aspectos relacionados con la disponibilidad de agua, el aprovechamiento de los recursos marinos y costeros, la protección del recurso hídrico, y la lucha contra el cambio climático, son temas que siempre han ocupado la atención de este organismo de control.

No obstante, la Procuraduría General de la Nación ve con preocupación el incremento de este tipo de problemáticas ambientales en los territorios, a pesar de las funciones claras y concretas que la Constitución Política de 1991 le otorgó a los municipios y departamentos del país, en materia ambiental, desarrolladas más adelante por la Ley 99 de 1993.

Aunado a ello, los problemas de gobernabilidad local, relacionados con la ejecución de acciones tendientes a garantizarles a los colombianos el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado, llevó a esta entidad a crear la agenda denominada “Acciones de Cambio por el Planeta”, que tiene como finalidad incidir, a través del trabajo articulado con diferentes aliados estratégicos nacionales e internacionales, en los aspectos específicos de la gestión ambiental en el país, que conduzcan a la efectiva preservación de los ecosistemas estratégicos y, a su vez, a garantizar el desarrollo sostenible de los territorios en Colombia.

Una de las estrategias centrales en el marco de esta agenda fue la elaboración de una Guía preventiva que busca orientar a las entidades territoriales en el cumplimiento de las obligaciones ambientales que la Constitución, las normas y el desarrollo jurisprudencial les ha conferido, logrando de esta manera que los municipios, distritos y departamentos colombianos, sean ejemplo de sostenibilidad garantizando así la armonía entre la ejecución de las actividades económicas y el amparo del patrimonio ecológico.

Esta iniciativa, que ha liderado la Procuraduría General de la Nación, fue posible debido al apoyo de la Embajada de Suiza en Colombia y de la Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE), así como de la cooperación técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA, instituciones que comparten objetivos comunes relacionados con la importancia de garantizar el derecho a un ambiente sano.

Lo que se pretende con esta Guía es brindarle a la sociedad civil la información necesaria para exigir el cumplimiento de las obligaciones ambientales que tienen los entes territoriales en esta materia. No cabe duda de que el adecuado cumplimiento de estas funciones por parte de los mandatarios regionales y locales permitirá garantizar el derecho a gozar de un ambiente adecuado, solucionando gran parte de los conflictos ambientales y sociales que padece este país y permitiendo alcanzar la tan anhelada justicia ambiental que el país entero reclama.

El objetivo es que la guía se convierta en una herramienta de primera mano para mejorar el desempeño ambiental de las entidades territoriales, que contribuya a orientar la formulación, ejecución y monitoreo de los planes de gobierno departamentales, municipales y distritales. Se trata de un tema de futuro y de supervivencia que debe comprometer prioritariamente a los alcaldes y gobernadores de Colombia.