Muchas políticas y normas en favor de la biodiversidad no han garantizado su protección en Brasil, Perú, Bolivia y Colombia

BOGOTÁ, DICIEMBRE 9 DE 2016. La biodiversidad en Bolivia, Perú, Brasil y Colombia sobrevive en medio de una paradoja: aunque en todos estos países, sin excepción, hay un crecimiento en el número de políticas, estrategias, planes y programas para su conservación, y cada vez son más los actores públicos y privados que asumen compromisos para su preservación, los índices de pérdida de recursos naturales siguen siendo muy elevados y las amenazas sobre ellos se han incrementado notablemente en los últimos años.

La conclusión la arroja el documento ‘Análisis del impacto y avances en la implementación de las políticas, estrategias, planes y programas de biodiversidad en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú’, editado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la Konrad Adenauer Stiftung, y en cuya redacción participó Elsa Matilde Escobar, directora de la Fundación Natura.

La pregunta que surge en medio de este panorama es: ¿dónde estaríamos si no se hubieran desarrollado esas estrategias, programas, planes y normativas sobre biodiversidad en general?

Los problemas

No lo dice este informe, pero en Colombia, por ejemplo, según el Sistema de Monitoreo Antinarcóticos de la Policía (Sima), se han identificado en todo el país 6.330 puntos donde se saca oro de aluvión de forma ilegal. Sus reportes de inteligencia señalan que hay 95.000 hectáreas con total afectación por efectos de la extracción sin control. Chocó (40.780 hectáreas), Antioquia (35.581 hectáreas), Bolívar (8.629) y Córdoba (5.291) tienen los mayores niveles de daño.

Y teniendo en cuenta ahora un ejemplo contenido en la publicación, el bosque tropical amazónico, por ejemplo, se encuentra acechado por las fuerzas extractivas y emprendimientos de todo tipo, tanto legales como ilegales. Un ejemplo emblemático podría ser el caso del proyecto hidroeléctrico ‘Chepete –Bala’, en Bolivia, actualmente en etapa de estudio de pre-factibilidad socio-ambiental, pero que, según indican especialistas, tendrá como impacto la afectación directa de 200,000 hectáreas (2,000 kilómetros cuadrados) en las que se ubican las dos áreas protegidas que albergan la mayor diversidad biológica del país: el parque nacional Madidi y la reserva biológica y tierra comunitaria de origen ‘Pilón Lajas’.

Un caso adicional es el de Madre de Dios, en el Perú, donde una de las zonas de mayor valor ambiental del planeta ha sido declarada en emergencia por el mercurio y plomo presente en los cursos de sus ríos, producto de la masiva presencia de mineros informales e ilegales de oro en los márgenes de la reserva nacional Tambopata y Candamo. Allí se han desertificado aproximadamente 500 hectáreas de bosque primario. Esto ocurre básicamente por la demanda de oro de industrias formales como informales.

El caso colombiano

Según el estudio, que acaba de ser presentado en la Conferencia de la Partes del Convenio de Diversidad Biológica de la ONU (COP 13), que se desarrolla en Cancún (México) hasta el próximo 17 de diciembre,  Colombia, ha pesar de sufrir además de una deforestación que arrasó en 2015 con 124 mil hectáreas de bosques, ha sido pionera en Suramérica en el desarrollo de políticas, normas y estrategias ambientales, incluso desde antes de 1992.

Ha incrementado en un 50 por ciento la cobertura y protección de biodiversidad a través áreas protegidas ( el incremento en Perú es de 100 %, en Bolivia de 120 % y en Brasil del 300%). Se destaca la Política Nacional de Biodiversidad (1996), la generación de un sistema de información de sus recursos, la elaboración de planes regionales de acción y planes de manejo específicos hacia manglares, bosques de alta montaña, humedales, el oso andino, felinos, serpientes, zamias, caobas, orquídeas.

 

Además, dice el documento, se ha desarrollado toda una estructura normativa nacional, unida a un conjunto de proyectos de cooperación internacional que han consolidado la estructura jurídica e institucional hacia la protección de sus ecosistemas. Un aspecto muy visible es que la consulta previa se ha convertido en un derecho exigible de los pueblos indígenas a partir de la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional. Por su parte, Colciencias reconoce grupos de investigación de los cuales se calcula existen aproximadamente 359 dedicados a ciencias biológicas.

Así mismo, el Foro Nacional Ambiental lanzado en 1996 se ha convertido en el principal espacio para la reflexión pública de las políticas y acciones ambientales y de biodiversidad.

Y el Instituto Alexander Von Humboldt, como instituto de apoyo al Ministerio de Ambiente y brazo científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), ha representado un aporte importante a la generación de información y conocimiento.

Medidas desconectadas de la ejecución

Por eso, se concluye que la existencia de problemáticas intensas en contra de la naturaleza, a pesar de esa cantidad de normas y planes de ejecución, se debe a la falta de integración de las diferentes medidas y acciones propuestas con los planes nacionales de desarrollo y el poco reconocimiento del rol que cumple la biodiversidad y el capital natural como soporte del crecimiento económico.

Por ejemplo, en los planes de desarrollo gubernamentales de los últimos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, las referencias ambientales y a la biodiversidad son, más bien, tímidas, y el presupuesto para el funcionamiento del sector ambiental para el 2017 se reducirá en un 18 por ciento frente al del 2016.

Si bien los instrumentos de políticas y las estrategias de biodiversidad han tenido un efecto a nivel de procesos, movilización de recursos y sensibilización, la internalización de sus contenidos en sectores productivos, industriales, actividades de infraestructura, aprovechamiento de recursos no renovables (minería – que ha crecido sostenidamente en los últimos años), requiere de mayores esfuerzos y de una más efectiva incidencia y participación de la sociedad civil.

Pese a las salvaguardias para la protección y conservación de bosques (más del 50% del territorio) y el fortalecimiento del Sinap, la evidencia indica que las presiones sobre estos espacios se incrementan sostenidamente.

Las soluciones

Se recomienda entonces mejorar los mecanismos de seguimiento y monitoreo de avances en la implementación de los compromisos asumidos en el Convenio de Diversidad Biológica y en relación al cumplimiento de las acciones previstas en las diferentes estrategias, planes y programas cobre biodiversidad.

Potenciar los instrumentos tecnológicos para medir niveles de afectación y pérdida de ecosistemas, traduciendo los resultados a un lenguaje que permita una adecuada e informada adopción de decisiones.

Consolidar y fortalecer los mecanismos de colaboración y cooperación entre las entidades públicas responsables y competentes en materia de implementación de los programas, planes y acciones en materia de conservación de la naturaleza, con actores de la sociedad civil, ONGs, instituciones de investigación y, especialmente, organizaciones indígenas que representan a los actores más directamente vinculados e interesados en la conservación.

E incorporar referencias a los recursos naturales en las diferentes encuestas nacionales (hogares, cultural, agricultura, otros) para medir avances cuantitativos en relación a actitudes y acciones que desde la ciudadanía se desprenden de los compromisos y principios impulsados por las estrategias, programas y planes específicamente referidos a la biodiversidad.