Estrategias para potencializar los procesos de desarrollo rural sostenible, a través de Pagos por Servicios Ambientales, extensionismo rural y formalización de la propiedad rural

A través del proyecto Asistencia técnica a las políticas de Desarrollo rural y Desarrollo Sostenible -DRET II, la Unión Europea, Food and Agriculture Organization (FAO), Agencia de Cooperación Italiana (AICS) y Fundación Natura, generaron recomendaciones técnicas, operativas, financieras y legales que den lineamientos al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Agricultura, a la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, para implementar acciones coordinadas entre Pagos por Servicios Ambientales (PSA), extensionismo rural y formalización de la propiedad rural.

Para iniciar, fue necesario identificar problemáticas como las actividades productivas que deterioran los ecosistemas y conocer los avances que han tenido los PSA, el extensionismo rural y la formalización de la propiedad a nivel nacional. Es importante resaltar que la motivación de los productores rurales para realizar cambios en el uso del suelo y aplicar diversas prácticas productivas nace de sus expectativas económicas para generar mayores ingresos, sin embargo, en la mayoría de los casos, implican la remoción de las coberturas vegetales nativas y contaminan los suelos y el agua. Esto genera pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, que son el soporte para la misma actividad rural y que, visto a una escala de cuenca hidrográfica, son la fuente para el desarrollo resiliente y bajo en carbono.

Ahora bien, entendiendo por Pago por Servicios Ambientales (PSA), como un incentivo que se reconoce a los propietarios por las acciones de conservación y restauración en sus predios localizados en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios. A la fecha, se pueden presentar avances significativos en este aspecto, ya que, «hay cerca de 380.000 hectáreas en el país y 15.000 beneficiarios al finalizar este Plan de Desarrollo, apuesta que de acuerdo con el CONPES 3886 debe alcanzar 1 millón a 2030», afirmó Javier Rojas Cala, Coordinador técnico experto PSA.

Por otro lado, la extensión agropecuaria se presenta como un bien y servicio público en el acompañamiento integral para diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores agropecuarios, para que agreguen prácticas, tecnologías, conocimientos y comportamientos a sus actividades productivas, obteniendo mayor competitividad y sostenibilidad.

Mientras que, cuando se hace referencia al acceso a tierras, se habla de promover el acceso a la propiedad de los predios rurales y mejorar la calidad de vida de los campesinos por medio de la formalización de derechos de dominio, sanear títulos de falsa tradición, acompañamientos en tramites notariales y registrales no cumplidos oportunamente. “Cuando llega el acceso a tierras se divide en dos puntos: Formalización cuando estoy por fuera de baldíos inadjudicables y regularización cuando estoy adentro del área forestal”, agregó Rojas.

Siendo así, el proyecto se trazó como objetivo la articulación entre instrumentos de gestión ambiental y para el desarrollo agropecuario, en los cuales deben vincularse ministerios, corporaciones autónomas e institucionalidad del territorio; ya que permite el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la conservación de los ecosistemas, impactando a nivel social, económico y ambiental.

La necesidad de desarrollar este proyecto, parte de las problemáticas de deforestación y transformación de ecosistemas causados por el uso y ocupación del territorio, propósitos que buscan ser gestionados por el Acuerdo de Paz, políticas nacionales y compromisos internacionales.

El proceso parte de la identificación de siete problemáticas que han limitado la articulación entre el Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPEA), el acceso a tierras y las acciones de conservación reconocidas por los PSA. Los limitantes comprenden la escasa incorporación de criterios ambientales y de sostenibilidad en los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA), la insuficiente presencia del PSA en los Programas de Extensionismo Agropecuario y las debilidades técnicas, conceptuales y normativas sobre el PSA por los actores del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA).

Además de, las debilidades de las entidades del Sistema Nacional Ambiental sobre el Servicio Público de Extensión Agropecuaria; la escasa incidencia de los PSA en los procesos de planificación, focalización e implementación de políticas para el desarrollo rural y formalización de la propiedad rural; debilidades en los proyectos de PSA para articular acciones con la Agencia Nacional de Tierras y el Min Agricultura; y debilidades para la implementación de la política en baldíos inadjudicables.

Para esto, se plantearon ciertas recomendaciones. Para el tema de extensionismo agropecuario y PSA, el objetivo es implementar acciones que permitan la articulación entre estos dos, a través de la coordinación de estrategias y acciones conjuntas del instrumento de PSA y extensionismo agropecuario dentro de las agendas interministeriales de MinAmbiente y MinAgricultura; el fortalecimiento de las capacidades y los mecanismos de gestión colaborativa entre los equipos técnicos sobre el diseño y aplicación de los programas; y promover en los procesos de ordenamiento social, productivo y ambiental de los territorios.

Las estrategias que se surgieron fueron: Fomentar la participación de las entidades del SINA en los procesos de formulación de los PDEA, incorporar la dimensión ambiental en los instrumentos de planeación agropecuaria, incorporar las temáticas de articulación entre SPEA y PSA en las agendas interministeriales, fortalecer los ejes de conocimiento y gestión del SINA sobre el quehacer del SPEA, fortalecer capacidades en el SINA sobre los alcances y beneficios PSA, fortalecer capacidades en los actores regionales que participan en la implementación del SINA, fomentar la estructuración de proyectos que vinculen el extensionismo agropecuario y los PSA, y finalmente, habilitar y orientar las fuentes de financiación del SPEA y PSA para proyectos conjuntos.

Además, se planteó también una línea de recomendaciones para el acceso a tierras y PSA, que tuvo como objetivo articular estos dos procesos a través de la incidencia en los procesos de planificación, focalización e implementación de políticas para el acceso a las tierras con los PSA; fortalecimiento de los proyectos PSA para articular acciones con la Agencia Nacional de Tierras y el Min Agricultura; y fortalecimiento de la implementación de la política de baldíos inadjudicables.

Para lo cual se formularon estrategias como: incidir en procesos de focalización de las políticas, incidir en los instrumentos de planeación sectorial rural, fortalecer las autoridades territoriales para diseñar proyectos PSA con actividades para el acceso a tierras, fortalecer canales de comunicaciones e interoperabilidad del registro de información, fomentar el desarrollo de proyectos productivos sostenibles y gestionar recursos financieros.

Estos dos planteamientos que surgieron como resultado de los estudios realizados van acompañados de más de 20 actividades, cada uno, para su implementación. Además de una hoja de ruta para el cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que, de ser realizada dicha formulación, se realizaría entre los años 2022 y 2030, llegando así, a un aporte significativo en las mentas ambientales y de desarrollo rural propuestas a 2030.

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