Los retos de las compensaciones ambientales como herramienta para proteger la biodiversidad nacional

El país aún está en camino de perfeccionar los procesos que obligan por ley a las empresas a restaurar, desde el punto de vista ecológico, aquellas zonas biodiversas afectadas por el desarrollo de proyectos hidroenergéticos, petroleros, mineros o viales. El tema será discutido en el III Congreso Nacional del Restauración, que comenzará en Rionegro (Antioquia) este 19 de octubre.

BOGOTÁ, OCTUBRE 7 DE 2016. Los acuerdos de conservación, en el que las comunidades se involucran con el cuidado de los ecosistemas y su eventual rehabilitación, pueden resultar una de las tantas herramientas para afinar los procesos de compensación por la pérdida de biodiversidad y restaurar aquellos ecosistemas afectados por el desarrollo de un proyecto hidroenergético, petrolero, minero o vial, necesarios para el desarrollo nacional.

Esta idea, que restablece el valor de las acciones sociales y les otorga una importancia trascendental en medio de las investigaciones técnicas, taxonómicas o científicas a la hora de recuperar un bosque o un páramo afectado por una obra de infraestructura, según lo obliga  la normatividad, será uno de los tantos planteamientos que Fundación Natura llevará al simposio ‘La restauración ecológica como estrategia de compensación ambiental en grandes proyectos’, que se efectuará como parte de la programación del III Congreso Nacional de Restauración que se realizará en Rionegro (Antioquia) desde el 19 de octubre.

En este evento, la Fundación tiene a cargo otros tres simposios, dos de ellos relacionados con los avances en la domesticación y propagación de especies nativas con potencial para los procesos de restauración ecológica y la recuperación del bosque seco, entre otros temas. (Ver notas relacionadas en estos links: Poca disponibilidad de plántulas de especies nativas frena restauración.  Fauna en procesos de restauración. Así avanza restauración del bosque seco en el Huila )

Según lo explica Nancy Vargas, quien desde Fundación Natura lidera precisamente un proceso para consolidar procesos de compensación por la ejecución del proyecto de transmisión de energía eléctrica ‘Nueva Esperanza’, obras que ejecuta EPM en 21 municipios de Cundinamarca, en los últimos años se ha olvidado que la restauración ecológica es un tema que debe tener un componente social, no sólo técnico.

“Si la gente no se involucra con la protección de lugares donde se desarrollan procesos de rehabilitación por los impactos de un proyecto a gran escala, a veces no es posible terminarlos con éxito”, explicó.

Y es que precisamente uno de los retos que impone la ley, y que de paso se transforma en un obstáculo para las compensaciones y las restauraciones consecuentes, es que en algunos proyectos la obligatoriedad de la compensación se extiende únicamente por tres o cinco años, un tiempo que no es suficiente para garantizar que los ecosistemas se regeneren verdaderamente o se consolide un proceso de conservación, de restauración efectivo y con sostenibilidad en el tiempo.

“Por eso es clave involucrar a la comunidad que habita esos lugares, capacitarla y educarla como  aliada ambiental a largo plazo”, agregó Vargas.

Por ejemplo, un proceso de compensación o restauración que quiera favorecer a una especie de fauna o flora no es viable si los campesinos siguen talando para obtener leña y cocinar, o si continúan al acecho de animales silvestres, como osos o jaguares, argumentando que amenazan el ganado o los animales domésticos de sus huertas.

«Por eso es imperante hacerle ver a labriegos o habitantes rurales que la restauración, como parte de la compensación, debe ser una oportunidad para mejorar su entorno, para hacerlo más amigable y que a largo plazo siempre tienen beneficios directos sobre sus terrenos», opina Vargas.

El país quiere recuperar un millón de hectáreas

Estas compensaciones ambientales, que están enlazadas con la restauración, no son un tema aislado. Son procesos que se generan en todo el mundo. Por algo, un grupo de países, entre ellos Colombia, han respaldado el ‘Reto de Bonn’, un desafío llamado así por haber sido apoyado en esta ciudad alemana y que contempla la recuperación de 150 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas antes del año 2020 en todo el planeta. Dentro de esa cifra, el país se ha propuesto recuperar un millón de hectáreas.

Y para eso, la obligación impuesta a las empresas que desarrollan proyectos para que compensen si sus labores implican pérdida de biodiversidad, si deben sustraer áreas de reserva forestal para darles paso a las obras o por aprovechar o destruir especies vedadas o por el uso de agua, esto último como parte de la construcción de un oleoducto o la extracción de crudo, frente a lo cual esta firma deberá destinar el uno por ciento del valor del proyecto a acciones para proteger el recurso hídrico.

Es evidente entonces que esas compensaciones son una oportunidad para aplicar procesos de restauración ecológica en todo sentido y para llenar vacíos de información precisamente sobre esos procesos de restauración. Pero para desarrollarlas, la indiferencia social no es el único obstáculo por resolver. A esto se suman los costos que implica conseguir una rehabilitación ecológica.

“Hoy, para cumplir esta obligación, no hay suficientes protocolos para llevar a cabo una propagación de especies o para lograr que plantas del bosque andino o altoandino recuperen sus poblaciones en ciertos lugares. A veces se llevan especies a sitios, pero sin tener la certeza de si van a sobrevivir por la falta de información taxonómica. Muchas veces tampoco hay mapas de servicios ecosistémicos o climáticos, ni planes de aprovechamiento forestal; en general todo toca hacerlo desde cero, procesos que valen mucho dinero”.

Adicionalmente, las corporaciones autónomas regionales (CAR) son las encargadas de recibir los predios que han sido objeto de procesos de compensación y restauración cuando los plazos entregados a las empresas para cumplir esos planes terminan, pero estas mismas entidades no pueden continuar con esos procesos de custodia  y abandonan esos terrenos por falta de presupuesto o personal. El trabajo realizado se pierde o nunca se integra al resto del entorno.

Tampoco existen lineamientos para que las compensaciones y la posterior restauración se integren a corredores biológicos o a procesos regionales de preservación, esto lleva a que procesos de protección exitosos queden aislados, sin conectividad o en medio del avance de la deforestación o de la frontera agrícola.

Además, en ocasiones a las empresas se les obliga a comprar predios con el fin de reponer las zonas impactadas, y en su necesidad de cumplir la ley, se adquieren terrenos que no cumplen las expectativas para terminar procesos adecuados de rehabilitación. O se llegan a compromisos de compra o de protección con dueños de fincas, que se deterioran o diluyen mientras la autoridad ambiental firma o da el aval al plan de compensación.

“Por eso es necesario que se establezcan portafolios de conservación, determinar áreas, predios con lógica de preservación integral», agregó Nancy Vargas.

Con todo lo anterior queda demostrado que la compensación y la restauración ecológica no deben incluir únicamente ciencia, ni pueden estar sustentadas solo con buenas intenciones. El apoyo social puede resultar trascendental, siempre y cuando también existan autoridades ambientales eficaces, atentas a un desarrollo territorial coherente y sintonizadas con la legislación. El Congreso de Medellín, precisamente, tratará de comenzar a cerrar todas estas fisuras.