En COP 22 de Marruecos se demostró que sector privado puede dinamizar acciones para mitigar el cambio climático

En un foro en el que participó Roberto León Gómez, subdirector de Fundación Natura, dentro de la Conferencia de las Partes de la ONU, en Marrakech, se mostraron las posibilidades para que grandes y pequeños empresarios participen en la implementación de Acciones Apropiadas de Mitigación (NAMAS), que además favorecerían el desarrollo sostenible en los países anfitriones. Colombia expuso las opciones de expansión de las estufas eficientes de leña.

Por: Roberto León Gómez

Subdirector de Desarrollo Local y Cambio Global/Fundación Natura

MARRAKECH (MARRUECOS), NOVIEMBRE 16 DE 2016. ¿Cómo mejorar la participación del sector privado en las Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMAs, por sus siglas en inglés) en países en desarrollo?

Esta fue la pregunta que se intentó resolver el evento realizado el viernes 11 de noviembre en el marco de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP22) en Marrakech (Marruecos), organizado por el programa Adaptation, Mitigation Readiness (ADMIRE), una alianza del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y la Universidad Tecnológica de Dinamarca (DTU).

Con un presentación del alcance y los resultados del programa ADMIRE y ejemplos de acciones nacionales apropiadas de mitigación (NAMAs) y adaptación (NAPs) en tres países del mundo, incluyendo a Colombia, los participantes ilustraron las posibilidades que existen para que el sector privado sea un factor dinamizador de la implementación de estos programas que, además, son oportunidades de desarrollo sostenible para los países anfitriones.

Perú, Indonesia y Colombia fueron los tres casos analizados, el primero de ellos con su NAP de café, que busca la adaptación del cultivo de este producto a las condiciones cambiantes del clima en la región de los andes peruanos y vinculando además acciones de mitigación de emisiones mediante el mejoramiento de prácticas productivas, especialmente en el uso de insumos.

Los representantes de Indonesia presentaron las oportunidades de diferentes agentes privados en la reducción de emisiones de GEI del sector cementero del país. Allí se ha diseñado un programa ambicioso de reemplazo del carbón en los hornos de las industrias productoras por residuos de tipo doméstico producidos en todo el país, e incluyendo en él a los actores encargados de la recolección y separación de residuos, así como a las grandes empresas cementeras.

Finalmente, el caso de Colombia incluyó la presentación de las acciones de preparación del país para una futura NAMA de estufas eficientes de leña en el sector rural.  El caso, presentado por Roberto León Gómez, subdirector de Desarrollo Local y Cambio Global de la Fundación Natura, entidad que adelanta el proyecto conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, permitió entender la racionalidad que hay al superar las barreras existentes en el país para lograr la masificación en la distribución de estufas eficientes, mediante la creación de mercados nacionales de bienes y servicios asociados a esta cadena de valor.

El proyecto que se ejecuta desde el mes de abril de 2016, quiere generar las condiciones para superar la brecha existente entre la demanda de estufas en el sector rural, que alcanza entre 1,6 y 2 millones de familias de bajos recursos y alta vulnerabilidad, y la oferta que hasta ahora ha sido satisfecha, que difícilmente alcanza las 100,000 estufas construidas en los últimos 10 años.

Y pretende lograrlo con cinco acciones fundamentales: la primera es la generación de herramientas de microfinanzas, que permitan a las familias que cuentan con alguna disponibilidad y capacidad de pago, tener acceso al sector financiero para la adquisición de las estufas.

Se unen a esta inteción la identificación de incentivos tributarios y fiscales para las instituciones públicas y privadas que quieran entrar de lleno en la ejecución de programas regionales o nacionales de estufas. Y además, el diseño y establecimiento de modelos de alianzas entre grandes y medianas empresas privadas que participan de la cadena de valor de las estufas, y pequeños emprendimientos locales, para dinamizar el mercado en regiones donde tienen presencia.

La identificación de posibles modelos de negocios para pequeños emprendimientos y grupos comunitarios, que participen de diferentes eslabones de la cadena, incluyendo la provisión de bienes y servicios posventa, y con énfasis en grupos de mujeres; así como la implementación durante 2017 de ejercicios piloto de construcción que permitan probar los instrumentos y modelos desarrollados y sistematizar estos procesos de implementación en diferentes regiones del país, completan los objetivos definidos.

Cada una de estas acciones incorporan a distintos actores del sector privado, entendido de manera amplia, y sobre todo al sector financiero (incluyendo bancos de desarrollo nacionales e internacionales, bancos comerciales e instituciones financieras) que juega un papel clave en la provisión de recursos para hacer realidad los programas propuestos; en esta gestión de recursos se enfocará buena parte del trabajo de apoyo del grupo de ADMIRE, involucrando a los socios locales y generando, posiblemente, programas regionales que permitan replicar las experiencias.

El proyecto en Colombia, que se extenderá hasta finales de 2017, se realiza con la participación de otras instituciones e instancias, como el Protocolo Verde de la Asobancaria, el Ministerio de Hacienda, la DIAN, y la coordinación general de la Mesa Nacional de Estufas eficientes que coordina el Minambiente, quien finalmente será uno de los principales beneficiarios de los productos desarrollados, entre otras cosas por la contribución que esta eventual NAMA tendría en el cumplimiento de la meta nacional de mitigación de GEI incluida en la NDC del país hacia 2030, o incluso en el incremento de su ambición.

La NAMA, por su parte, aportará soluciones a los graves problemas de contaminación intradomiciliaria del aire (que afecta a miles de mujeres y niños anualmente y genera pérdidas cercanas al medio billón de pesos anualmente  para el sistema de salud colombiano, de deforestación y degradación de los bosques naturales del país) y contribuiría a mejorar la calidad de vida y los entornos de la población rural más pobre y vulnerable.